El 5 de agosto el ministro de minas y energía, Carlos Rodado Noriega, presentó ante representantes del sector privado la reforma a la minería, con la cual se espera que la explotación minera pase de un crecimiento del 3,2%, en los últimos cinco años, a uno del 9,5% para el 2020, lo que promete ser, entonces, uno de los motores de la economía colombiana. No obstante, hay quienes no están del todo de acuerdo con el optimismo frente al sector minero. Tal es el caso del senador Alexander López y del miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Mario Valencia. Ellos creen que las pequeñas y medianas empresas mineras quedarían fuera de competencia, y que la explotación desenfrenada por parte de las empresas transnacionales puede traer serios daños al medio ambiente.

Lo cierto en todo este asunto es que las políticas están enfocadas al crecimiento económico per se, dejando de lado otras cuestiones sumamente importantes. ¿De qué le sirve al país crecer en su economía si aquello significaría un deterioro del medio ambiente y un perjuicio a las comunidades? Y es que Ingeominas ha otorgado títulos mineros en páramos y reservas forestales, sin los cuales se pondría en riesgo no sólo el ecosistema como tal, sino la provisión de agua para los colombianos. Por este motivo me parece indispensable precisar la reforma minera y, por tanto, los invito a ustedes, lectores, a que exijamos la creación de una institución que sí esté facultada para garantizar una explotación amigable con el medio ambiente.

Según ‘La silla vacía’, Ingeominas otorgó durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe un total de 38 títulos mineros que equivalen al 0,3% del total de las áreas de Parques Nacionales. Además, concedió 71 títulos sobre 14.708 hectáreas de reservas forestales protectoras, que son las que garantizan el agua que consumimos los colombianos, pues en ellas se encuentran numerosos nacimientos de ríos. Así mismo, se encontraron 630 casos de concesiones en páramos, algunos de ellos en zonas tan relevantes como el Macizo Colombiano, donde nacen los dos ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca. Todas estas cifras las publicó el Ministerio del Medio Ambiente, pero no parecen tener suficiente eco en el Gobierno. De hecho, se ha diseñado una política descaradamente flexible con el fin de atraer la inversión extranjera, creándole a las multinacionales un panorama sumamente alentador para ganar dinero. Sin embargo, enriquecer a los más ricos definitivamente no es una razón que justifique arrasar  con la naturaleza de forma irreversible. Ya el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, ha manifestado los terribles efectos que puede generar la explotación minera: contaminación del agua, la erosión del suelo, la deforestación y el agotamiento de los ríos.

Tras el vergonzoso escándalo de Ingeominas el Gobierno se ha visto en la necesidad de hacer unas cuantas reformas. El ministro Rodado Noriega afirma que con los ajustes realizados al Código Minero se evitarán problemas ambientales, esto debido a la elaboración de un mapa de las áreas en las que se puede y no se puede permitir la explotación, teniendo en cuenta que se deben proteger las reservas forestales y los páramos, y asegurando una minería sostenible. Sin embargo, esta iniciativa se queda en el papel, porque ha pasado un mes desde la presentación de la reforma y ya la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) está en negociaciones para obtener la licencia de explotación de la mina de oro de La Colosa, en el Tolima, la cual pondría en riesgo la reserva forestal Central y el río Coello.

Reforma al Código Minero